Litigio estratégico durante la cuarentena por la pandemia del COVID – 19 durante los meses de abril a agosto 2020 - Magaña Centeno, Jayme Jannice Darlen
La presente investigación fue realizada durante los meses de abril a agosto del año 2020, periodo en que se decretó cuarentena a nivel nacional por el gobierno de El Salvador debido a la pandemia mundial del virus covid -19, epidemia que se generó en la provincia de Wuhan en China continental y fue descubierta en el mes de diciembre del año 2019; la mayoría de países a nivel mundial tomaron medidas para evitar la propagación del virus, entre ellas el cierre de fronteras aéreas, marítimas y terrestres, confinamientos de la población y medidas fitosanitarias como el uso de mascarillas, alcohol gel y el distanciamiento social, El Salvador no fue la excepción, sin embargo, las medidas tomadas por el gobierno permitieron que los actores del Estado como la PNC, la FAES, la Cancillería y el mismo Ministerio de Salud, violentaran derechos humanos con sus actuaciones, medidas que costaron la vida de médicos, enfermeras, personal administrativo de primera línea y de la población; otros grupos poblacionales fueron ilegalmente detenidos en centros de contención por violentar la cuarentena, las personas bajo el cuidado del gobierno en centros especiales como el ISNA y el Asilo Sara Zaldívar se contagiaron por falta de medidas que garantizaran que el personal que los atendía se encontrara libre del virus, miles de salvadoreños varados fuera del país no fueron retornados por la Cancillería y en el caso de los pueblos indígenas, personas LGBITQ+ y otros sectores poblacionales quedaron en total desprotección sin dinero ni alimentos al cierre abrupto de la economía. Esta investigación se realizó directamente con las víctimas en el momento en que la cuarentena domiciliar obligatoria no permitía el desplazamiento de las personas, sin embargo, las redes sociales fueron la herramienta que permitió que se pudiera atender a las víctimas de violaciones a derechos humanos y se pudiera activar los protocolos de las diferentes instituciones para poder garantizar derechos en la medida en que el gobierno lo permitiera.