El derecho al acceso a la justicia de las personas adultas mayores víctimas de violencia intrafamiliar en el Municipio de Soyapango durante los años 2014 al 2018. - Cruz Mejía, Sandra Carolina
El acceso a la justicia puede ser entendido como la posibilidad que tiene toda persona de acudir al sistema judicial que cada Estado ha previsto para la resolución de conflictos, esto a fin de reivindicar sus derechos, resultando que su materialización está directamente relacionada a la actuación de los operadores de justicia. Sin embargo, por razones históricas, sociales, económicas o culturales, la sociedad ha excluido a ciertos grupos por sus condiciones diferentes de las personas promedio, poniéndolas en desventaja a la hora de ejercer sus derechos, convirtiéndose en grupos vulnerables o en condición de vulnerabilidad. Al respecto la Cumbre Judicial Iberoamericana, dentro del marco de los trabajos de su XIV edición, consideró necesaria la elaboración de unas Reglas Básicas relativas al acceso a la justicia de las personas que se encuentran en condición de vulnerabilidad. Dichas reglas ubican en condición de vulnerabilidad a todas aquellas personas que, por razón de su edad, género, estado físico o mental, o por circunstancias sociales, económicas, étnicas y/o culturales, encuentran especiales dificultades para ejercitar con plenitud ante el sistema de justicia los derechos reconocidos por el ordenamiento jurídico. Resultando también que el envejecimiento puede constituir una causa de vulnerabilidad cuando la persona adulta mayor encuentre especiales dificultades, atendiendo a sus capacidades funcionales, para ejercitar sus derechos ante el sistema de justicia. En ese contexto, desde la Maestría de Derechos Humanos y Educación para la Paz, se tomó en consideración la necesidad de realizar análisis de la situación del acceso a la justicia de las personas adultas mayores víctimas de violencia intrafamiliar, a fin de responder a la pregunta general: ¿El sistema judicial de El Salvador garantiza el derecho al acceso a justicia de las personas adultas mayores víctimas de violencia intrafamiliar en el municipio de Soyapango durante los años 2014 al 2018, de acuerdo con los estándares establecidos por el sistema interamericano de derechos humanos?. Esto a fin de determinar si el sistema judicial de El Salvador, de acuerdo con los estándares establecidos por el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, garantizó el derecho al acceso a justicia de las personas adultas mayores víctimas de violencia intrafamiliar en el municipio de Soyapango, durante los años 2014 al 2018. En tal sentido, la investigación se desarrolló desde la aplicación de los enfoques de derechos humanos, bajo una metodología de tipo cualitativa. Además se aplicaron técnicas que nos ayudaron a analizar la función de administración de justicia que la Corte Suprema de Justicia brinda a las personas adultas mayores víctimas de violencia intrafamiliar en el municipio de Soyapango, tomando en cuenta la perspectiva y experiencia de los Jueces competentes en materia de violencia intrafamiliar y del Coordinador de la Unidad de Atención Integral a Víctimas de Violencia Intrafamiliar, Violencia Sexual y Maltrato Infantil del Centro Judicial Integrado de Soyapango, esto mediante entrevistas; además se realizó la revisión documental de expedientes judiciales y la observación de las condiciones infraestructurales del Centro Judicial Integral de Soyapango. Resultando que, al finalizar la investigación, se ha determinado que el ordenamiento jurídico salvadoreño sí se cuenta con un marco legal que establece mecanismos para que las víctimas salvaguarden sus derechos vulnerados, sin embargo, las personas adultas mayores víctimas de violencia intrafamiliar se enfrentan a diversos obstáculos al acceder al sistema judicial. Por tanto, a fin de aportar soluciones, se han realizado algunas recomendaciones a los tres poderes del Estado salvadoreño y al Consejo Nacional de la Judicatura, las cuales tienen como propósito la sensibilización de la problemática, así como crear mecanismos administrativos y legales que garanticen un mejor trato a las personas adultas mayores.