Implicaciones del decreto 101 promulgado en el año 2000 contra miembros de La Policía Nacional Civil de El Salvador - Romero Zepeda, Miguel ángel (2024)
El objeto general de esta investigación es sobre la violación a los derechos humanos de agentes de la Policía Nacional Civil de El Salvador (PNC)1. Dicha institución es emblemática, puesto que sustituyó a los antiguos cuerpos de seguridad, los cuales estaban bajo un régimen militar. La nueva policía sentó un precedente que creó mucha expectativa en la población salvadoreña, sin embargo, a lo largo de la investigación, se descubre que la institución policial en general fue víctima de un bloqueo, un estancamiento, e inclusive, una desviación, reflejo de lo cual es el haber despedido a un aproximado de 3,000 policías bajo la figura del decreto 101, promulgado en el mes de agosto del año 2000 (Anexo No. 1). Es razonable conjeturar que, si la PNC no respetó los derechos humanos de sus miembros, la mayoría de ellos inocentes, expulsándolos sin el debido proceso, qué podría esperarse en su actuar institucional hacia la población. El accionar de la PNC, obviamente ha sido objeto de estudio en diversas líneas de investigación; no obstante, alrededor del tema ahora propuesto no existe mucha literatura focalizada. En este sentido, éste trabajo recoge información valiosa de varias fuentes: libros, informes, revistas, opiniones, noticias periodísticas, entrevistas y una encuesta realizada a las víctimas. Se ha hecho un esfuerzo por sustentar teóricamente el problema, así como el andamiaje jurídico que permita analizar a la luz del derecho nacional e internacional sobre derechos humanos, el tipo de violación de derechos humanos aquí abordada. Los derechos humanos violados a los ex integrantes de la PNC son variados: el despido sin el debido proceso, el irrespeto a ser escuchado en un juicio imparcial, a ser oído y vencido en un juicio como la ley manda, a presentar pruebas de descargo, y otros; ello provocó un impacto económico, social, cultural y psicológico en las víctimas, que, pese al tiempo transcurrido, las huellas de la anulación a todo un Proyecto de Vida, son evidentes, y continúan cobrando facturas a los afectados.