Evaluación del Gasto Público en Educación en El Salvador: Un Análisis Socioeconómico para el período 2010 - 2023. - Castro Santos, Rubenia Consuelo (2025)
Este trabajo evalúa el gasto público en educación de El Salvador (2010–2023) y sus efectos sobre pobreza, desarrollo humano (IDH) y crecimiento economico. Combina un análisis presupuestario de largo plazo con un enfoque econométrico VAR/SVAR, estimando funciones impulso-respuesta, descomposición de varianza y causalidad de Granger. En el plano fiscal, la prioridad relativa del sector se debilitó: la participación del gasto educativo en el gasto público total descendió hasta 11.1% en 2023 y, como proporción del PIB, pasó de 4.5% en 2021 a 3.3% en 2023. La dinámica fue volátil: 2021 registró un repunte excepcional (≈+31.8%), seguido de contracciones en 2022 y 2023 (esta última cercana a −6.9%). En paralelo, la arquitectura programática se reconfiguró hacia líneas como Mi Nueva Escuela, Tecnología e Innovación para el Aprendizaje y Profesionalización Docente, mientras se reorganizaron proyectos de inversión. Los resultados econométricos confirman que el gasto público en educación funciona como una palanca estructural de la calidad de vida, al reducir la pobreza en el corto plazo y elevar el IDH de manera persistente. Así pues, un impulso equivalente a 1% del PIB reduce la pobreza de forma estadísticamente significativa en los primeros dos años (con el mayor efecto en el corto plazo) y mejora el IDH con efectos más persistentes, coherentes con la acumulación de capital humano. Las pruebas de Granger confirman direccionalidad desde el gasto hacia pobreza e IDH. En cambio, el impacto sobre el PIB es modesto y no contemporáneo: aparece con rezago y depende de la composición del gasto y de las condiciones macrofiscales. La evidencia de varianza sugiere que los choques de gasto educativo explican una fracción relevante de la dinámica de mediano plazo, mientras que el gasto total agregado aporta menos información sobre esos efectos específicos. De manera integrador la investigación concluye que sostener y blindar la prioridad presupuestaria del sector educación es condición para preservar y amplificar sus retornos sociales. La política pública debería estabilizar el esfuerzo sobre PIB, asegurar continuidad y trazabilidad de los programas estratégicos, y vincular la asignación de recursos a resultados verificables en pobreza, logro educativo y capacidades. El gasto púbico en educación no es un gasto corriente inercial: es inversión pública con impactos medibles en calidad de vida y con potencial de transmisión hacia el crecimiento cuando se planifica en horizontes plurianuales y con buena gobernanza.