Consultoría sobre el impacto financiero al Ministerio de Salud por la atención de las personas privadas de libertad en las que se sospechó, diagnóstico y/o se trató por tuberculosis en los diferentes Centros de Detención del Ministerio de Justicia y Seguridad Pública de El Salvador. - Sánchez Zelaya, Guillermo Wilfrido (2024)
La Tuberculosis (TB) es un problema de salud pública y representa la segunda causa de muerte a nivel mundial, después del Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida (SIDA). La Organización Mundial de la Salud (OMS) se ha enfocado en generar estrategias y políticas que reduzcan en forma significativa la carga de la enfermedad, como la estrategia "Alto a la Tuberculosis", mediante la cual se buscó reducir la prevalencia de la enfermedad y la mortalidad. Actualmente el lineamiento mundial se enmarca en la estrategia "Fin de la TB" mediante la cual se busca eliminar la enfermedad para el año 2030 estableciéndose metas preliminares de evaluación. En el 2018 la OMS, estimó que enfermaron cerca de 10 millones de personas de tuberculosis en el mundo de las cuales fallecieron 1,5 millones, para el año 2019 se notificaron 7 millones de casos nuevos y la mortalidad presentó un descenso, que para el caso de la región de las Américas cumplió con la meta planteada. La presencia de TB en centros penitenciarios en América Latina es un problema crítico por el hacinamiento que favorece la trasmisión, factores sociales como desnutrición, estrés al afrontar el encarcelamiento, farmacodependencia, uso de drogas intravenosas e incluso la práctica de conductas sexuales que favorecen la diseminación de patologías como VIH; por otra parte, también incide el déficit del engranaje entre los programas de vigilancia y control epidemiológico lo cual lleva a que se encuentren dentro de la población vulnerable para el desarrollo de la enfermedad. En la actualidad la información sobre la prevalencia de coinfección en cárceles es desconocida, y no se cuenta con un buen registro de casos. Según reporta la OMS, 17 países latinoamericanos presentaron 22.2 veces más de la enfermedad al comparar Personas Privadas de Libertad sobre población general; el 58 % de estos casos fueron bacilíferos, lo cual favorece la trasmisión que, en condiciones de hacinamiento, el estrés sicológico y violencia conllevan a unas bajas defensas inmunitarias y a la diseminación de la enfermedad. Los centros penitenciarios en América Latina muestran diversidad en cuanto legislación, estructura y organización; sin embargo, la discriminación, pobreza y condiciones de hacinamiento son una constante. ii El Salvador no es ajena a esta problemática; en los últimos años, dado el creciente número de personas que se han vuelto afines a las agrupaciones ilícitas (que generalmente se conocen como pandilleros o mareros) el aumento de los índices de criminalidad genera un hacinamiento en los centros de detención o cumplimiento de penas y las condiciones de vida de estas personas las vuelve un punto fácil para desarrollar la tuberculosis. Dado el incremento de la población privada de libertad, hace que el Ministerio de Justicia y Seguridad Pública (MJYSP) concentre todos sus esfuerzos en brindar seguridad a la población salvadoreña y hace que su presupuesto se concentre más es este rubro y deja una cantidad mínima para garantizar la salud de la población privados de libertad a cargo de ellos. Considerando que el importe que deja el MJYSP, para todos sus gastos en salud determina que lo que queda para invertir específicamente en tuberculosis no sea lo necesario para brindar la atención completa de los privados de libertad, hace que el Ministerio de Salud (MINSAL) tenga que cubrir, en su mayoría, todo el proceso de la enfermedad de esta población. En el 2018 se diagnosticaron 2006 casos de tuberculosis, de todas las formas en privados de libertad y fue el MINSAL, quien tuvo a su cargo desde el diagnóstico hasta el tratamiento de esta población; de tal forma que hace que impacte económicamente en el presupuesto del Ministerio referido de forma negativa, especialmente porque al atender a esta población, desvía los recursos que podrían ser aprovechados por la población general que solicita servicios de otras enfermedades en los establecimientos de salud de la red pública. El objetivo de esta consultoría se centró en conocer cuál es el impacto financiero en el Ministerio de Salud por la atención de los privados de libertad que padecieron TB durante el año 2018, haciendo énfasis en todos los recursos que este Ministerio utiliza para descartar, diagnosticar, tratar y dar seguimiento de la enfermedad. Los resultados obtenidos durante la investigación dan a conocer, en alguna medida, sobre los principales rubros en los cuales el MINSAL invierte para brindar servicios de salud a los privados de libertad que luchan por dejar de padecer la referida enfermedad. En la propuesta se espera ofrecer un panorama al Ministerio de Justicia sobre cómo abordar la problemática de la tuberculosis y de esta forma realizar las inversiones adecuadas que permitan diagnosticar, dar seguimiento y tratar a sus pacientes y reducir los casos, así como evitar muertes por esta enfermedad.